El Defensor del Pueblo Andaluz ha creído oportuno solicitar a su colega a nivel nacional que gestione la ampliación del plazo de alegaciones para el proyecto de oleoducto del Grupo Gallardo que atravesará las provincias de Huelva y Sevilla afectando a nueve lugares de interés ecológico, y sobre el que las Administraciones han mantenido y continúan manteniendo un sospechosísimo hermetismo debido, seguramente, a la dificultad de justificar lo que ecologistas y partidos califican de auténtico atropello medioambiental perpetrado a favor de un “amigo político” del partido en el poder. Se quejan esos grupos de drásticas dificultades para acceder a la documentación, ocultada hasta hace poco y del escaso tiempo (30 días) concedido para argumentar las alegaciones. Cada día resulta más sospechosa la actitud de la Junta y menos razonable su visible designio de proceder con los hechos consumados. Si se lleva a cabo ese proyecto sin las garantías normales se habrá abierto un dramático portillo a la barbarie antiecológica.

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