Proliferan las demostraciones de desdén ante la Justicia por parte de la Junta de Andalucía. Si los jueces le prohíben “funcionarizar” por decreto a “sus” contratados, por decreto repiten la operación en cuestión de días. Y si hay que inaugurar un centro construido sin la imprescindible autorización administrativa, pues se autoriza y a otra cosa. Parece mentira que sea un Presidente funcionario quien ampare esta actitud incívica que, entre otras cosas, incita a la ilegalidad de los peatones en términos muy graves. Porque ese proceder se explica en sus edecanes –sin estudios o con poco bagaje en su mayoría—pero no en quien, por ser lo que es, debería sentirse el primer obligado a respetar el imperio de la Ley.

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