En el lío de Invercaria, del que la Junta dice que “no hay caso” sin perjuicio de personarse en el procedimiento como perjudicada, lleva trazas de no quedarse muy lejos del saqueo de los ERE. Empezando por un director que señala hacia arriba para eludir su responsabilidad y siguiendo por el peregrino hallazgo de que esos miles de millones los manejan –según confesión propia—contratados por razones de amiguismo pero sin la menor preparación. Si la diligencia de los jueces lo permite, no cabe duda de que esta nueva bomba puede rematar el derribo moral y jurídico de un “régimen” que se ha convertido en una cortijada.

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