Y van dos en pocas semanas. Un tribunal ha hecho responsable a un alcalde de la deuda municipal, decisión todo lo cuestionable que se quiera pero que no deja de ser elocuente sobre tanto sobre el estado de los Ayuntamientos como del hartazgo de la Justicia. Una segunda ha debido ordenar al alcalde de Carboneras –ya condenado por delito electoral y amnistiado por el Gobierno del PSOE para que pudiera concurrir de nuevo a las elecciones—que se abstenga de promover actuaciones urbanísticas en su alfoz so pena de incurrir en desobediencia. El sayo de muchos alcaldes debe volver a ser capa antes y después de que, al fin, se proceda a reformar la financiación de los municipios.

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