Ahora es la empresa presuntamente coaccionada por el PSOE puntumbrieño la que se querella contra el alcalde, el miembro de la Ejecutiva Provincial, los cinco concejales y el técnico municipal que habrían intervenido en arrebatarle bajo presión una obra ya adjudicada. Se habla de presuntos delitos de amenazas, alteración de precio de subastas y concursos públicos, prevaricación, falsedad documental y fraude. Nada menos. Y encima de la mesa está la cinta en que se grabó la conversación clave. Un asunto bochornoso que debería provocar una reacción saludable contra la corrupción de cualquier naturaleza. La política no puede vivir en le Juzgado. Merecería la pena, por eso mismo, un esfuerzo de todos. Y de todos quiere decir de todos.

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