El archivo del “caso Ibercons” por parte del Juzgado de Instrucción  número 4 de Huelva devuelve a los imputados su derecho a protestar por las acciones sufridas y, de paso, sirve de lección a las acusaciones políticas (de todos los colores) más atentas al efectismo de sus denuncias que a las exigencias procesales. Ahora bien, lo que no desaparece es el hecho mismo, reconocido por el juez, de que en el Ayuntamiento de Punta Umbría de le “pidió políticamente” a un empresario concursante que desistiera de un derecho dejando en el aire una significativa e incómoda opción en caso de que no accediera. Ni una parte ni la otra deberían echar las campanas al vuelo. Porque este caso lo único que ha demostrado es el modo indeseable en que en Huelva se desenvuelve la competición política.

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