No se le puede propinar golpe más fuerte a la autoridad docente que cuestionarle su indivisible derecho a calificar al alumno. Nadie puede aprobar o suspender más que el profesor, y en caso de presunta arbitrariedad, además de la Inspección, ahí está la Justicia. Pero que un delegado de la Junta apruebe por decreto a los alumnos suspendidos por sus profesores constituye un auténtico atentado a la norma y al sentido común. Y se aprueba desde la Junta –ésta reciente no es la primera vez–, sobre todo cuando se mueven bien los palos de la influencia electoralista. ¿Ésta era la prioridad que Griñán prometió dar a la enseñanza? Algunos, a pesar de todo, seguimos confiando en que no.

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