Como era de esperar, no ha tardado el PP en reclamar al PSOE que cumpla su promesa de apartar de las próximas elecciones municipales a los imputados por la Justicia, tal y como habría prometido le partido en su famoso “Decálogo” contra la especulación, pero también a los eventuales aspirantes a candidatos imputados por presuntos delitos ecológicos o de contratación irregular, acoso laboral o violación de los derechos humanos, que no son precisamente para tomados a broma. Y entre ellos al que resigna el gobierno de Valverde en su biempagado socio de IU reservándose para sí el virreinato de la Diputación, y que arrastra nada menos que una imputación por “mobbing” a la que pudiera sumarse más pronto que tarde otra similar presuntamente perpetrada en el área de la candidata Parralo. Estas cosas pasan por juidicializar la política pero, más que nada, por ver sólo la paja ajena olvidando la viga propia. 

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