La Fiscalía de Sevilla se lo ha pensado mejor y no abrirá acciones leghales contra la Junta de Andalucía, a pesar de reconocer que la publicación en el BOJA de los nombres de los menores que objetaron “Educación para la Ciudadanía” a pesar de reconocer que la vulneración de la intimidad de esos menores se produje, en efecto, y por tanto, lo suyo sería proceder al ejercicio de acciones legales. Y dice que no lo hará, no porque se arrugue ante la Junta, sino por proteger a los lesionados y evitarles la inmersión en “un debate apasionado y tenso” (¿) y ofrecerles, de paso, una indemnización económica que nadie ha pedido. Como si no estuviera claro que lo que la consejería de Educación ha hecho ha sido estigmatizar a esos menores para castigar a sus padres. El Poder sigue siendo el Poder, qué duda cabe, y la igualdad ante la Ley una ilusión no poco novelera.

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