No tenía pase que sobre lo ocurrido este verano en diez pueblos de El Condado la autoridad pasara como sobre ascuas. Ahí está el requerimiento formulado por la Fiscalía a la ‘delega’ de Salud interesando si el agua no potable que se suministró a tantos miles de onubenses podría haber causado daños a sus consumidores, es decir, si hubo peligro real para la población o no lo hubo. Y ahí tienen la solicitud planteada a la Mancomunidad de Aguas de la comarca en el mismo sentido. ¿Qué ocurrió realmente durante esos 44 días, hubo o no hubo daños eventuales sobre la salud de la gente de esos diez pueblos? Habrá que preguntar también si hubo o no responsabilidades por parte de los respectivos mandatarios y, en su caso, por qué sólo IU se ha molestado en plantear la cuestión ante la Justicia. Demasiadas preguntas para las que, ya lo han de ver, habrá respuestas más o menos sólidas para salir del paso, pero sin las cuales el silencio de la autoridad ante un hecho tan tercermundista no tendría sentido.