La Justicia debe explicar con claridad y detalle esas negociaciones entre la Fiscalía y los abogados de los concejales imputados por corrupción, pues aunque no se discuta la legalidad ni se dude, en principio, del intento de simplificar el gigantesco enredo, sería moralmente demoledor el efecto que un “acuerdo” –benéfico para los imputados, naturalmente– podría tener sobre una opinión pública que no tiene por qué comprender que para la mayoría la dureza de la ley sea la única norma, mientras que para unos pocos lo sea el trato y el buen rollito. Como no se entiende por qué los contribuyentes han de pagar la “legalización” de las construcciones ilegales con las que otros se forraron, no se entiende que rijan raseros distintos a la hora de medir el delito de un pringao sin notoriedad y el de un imputado notorio. 

3 Comentarios

  1. Querido amigo, dé su margen a la Justicia, lo que no implica que su argumento carezca de sentido común.

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