Ha sido extraordinaria además de elocuente la primera providencia adoptada por el nuevo alcalde de Chiclana, el ‘pepero’ Ernesto Marín, al enterarse de lam investigación que trata de descubrir la (pen)última trama de especuladores urbanísticos: ordenar a la Policía Local (“inmediatamente”, dice él) la custodia de la Gerencia municipal de Urbanismo por si tuviera alguna implicación la Administración Pública”. No se puede confiar menos en el adversario político si, encima, se toman medidas en evitación de que puedan desaparecer papeles decisivos, como si la vida pública fuera ya un desastre y las instituciones (los Ayuntamientos, en este caso) cuevas de ladrones. ¿Qué pensarán los ciudadanos al saber que en su pueblo actúan verdaderas minimafias del urbanismo y que el propio alcalde sospecha la posibilidad de que sus antecesores anden mezclados con ellos? Aquí empieza a hacer falta un proceso general pata ver qué ha ocurrido con un urbanismo que la UE califica de desastroso. 

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