Ha de demostrarse fehacientemente que la acusación salida de fuentes sanitarias afirmando que en el hospital de Riotinto se falsean las “listas de espera”, a base de “perder” oportunamente los requisitos previos para dar tempo al tiempo, no se ajusta a la verdad. Porque si fuera cierto, si se confirma o se deja en el aire la sospecha fundada de que semejante práctica desalmada ha tenido lugar efectivamente en un hospital público, lo suyo no es siquiera que la Junta se autoinvestigue y determine, en plan Juan Palomo, su responsabilidad, sino que sea la Justicia ordinaria la que intervenga y vea si hay delito en manipulaciones como las denunciadas. El régimen de impunidad e irresponsabilidad en que se mueve el SAS va siendo ya insoportable y no es justo ni siquiera prudente resignar en los propios usuarios, generalmente inermes, la acción clarificadora. La Junta debe decir sin camelos si es verdad o no que se falsificaron esas “listas” para trampear su propia normativa y ahorrarse unos cuartos. Y si así fue debería ser le juez quien tomara cartas en el asunto.

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