Triste historia la registrada en el primer día del juicio contra el ex-presidente de la Diputación por un presunto delito de ‘mobbing’ contra un funcionario de carrera que pagó en el psiquiátrico su oposición crítica al capricho de los mandamases. Una crónica de presuntas persecuciones, castigos injustificables, ceses injustos y exigencias indebidas, que proyectan una imagen lastimosa de una función pública drásticamente sometida por el “régimen” a la disciplina de su capricho. CCOO y otros tienen denunciado muchas veces que en la Diputación se sigue una política de personal arbitraria y presuntamente ilegal cuyo resultado es la división de los trabajadores públicos en dos bandos, los sometidos y los rebeldes, de los que malamente puede esperarse un servicio idóneo. No se debe condenar de antemano a esos responsables por una (o por dos) denuncias, pero el relato que antesdeayer se oyó en el Juzgado fue todo menos tranquilizador. Sea cual fuere la decisión judicial, lo que no admite dudas es que, como denuncian los propios sindicatos, es menester regular la discrecionalidad del poder político para garantizar la imprescindible independencia de los funcionarios de todos.

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