La insumisión y el desafío institucional no son exclusivos de la sedición catalana. También en Cádiz –la cuna de nuestro constitucionalismo– un alcalde hace de su capa un sayo saltándose la Carta Magna y la jurisprudencia a la hora de izar la bandera oficial. Pero lo malo no es esa ocurrencia sino el hecho de que la respuesta de la autoridad tarde tanto en pronunciar algo tan sencillo como es la ilegalidad que aquella supone. No sólo en Cataluña; también aquí hay quien se salta impunemente la regla de oro de la democracia, lo que demuestra que la crisis de la autoridad es un flagelo que afecta, a lo largo y a lo ancho, a nuestro sistema de libertades. Y mientras se pueda ir por libre en la vida pública, no hay duda de que algo cruje en sus cimientos.

Hay una evidente contigüidad entre las corrupciones públicas y las privadas. Ambas responden a un mismo impulso ilícito y se contagian entre sí, de manera que no es verosímil mantener probo al gentío mientras, en las alturas, sus poderosos rabadanes se ríen de la Ley. Lopera no es sólo un síntoma sino un resultado: el inevitable que se produce en el laberinto social cuando Ariadna guía son su hilo negro a Teseo por el laberinto tramposo. La política puede y deber ser una pedagogía para lo bueno pero, desde luego, lo es inevitablemente para lo malo. Don Manué — como tantos “don Manueles”– sólo es concebible en una sociedad podrida en las alturas. En la Andalucía de los ERE, de las facturas falsas, de Invercaria y de los fondos de formación, ese pícaro no es más que un efecto colateral.

No nos enteraremos de qué ocurrió de verdad en el mamoneo de las facturas falsas de UGT, mariscadas incluidas. Y no nos enteraremos porque la “Junta hermana” tapará con la vieja manta al “sindicato hermano” como demuestra su negativa a precisar el montante real de lo presuntamente defraudado que, según el súper consejero de Innovación etcétera, Sánchez Maldonado, no sería menor de los 15 millones de euros, sino mayor. ¿La razón del tapujo? Pues dice la Junta que no es otra sino la de “no perjudicar” económicamente a los investigados, ya que están “sub iudice”… Vale, para qué discutir, en boca cerrada no entran moscas y, en fin de cuentas, el mangazo no deja de tener su lógica fraterna. Por lo demás, ¿acaso sería la UGT la única que ha mangado aquí? Cada día que pasa está más claro que no.

Tal cual. La prescripción, tal como está establecida en nuestro ordenamiento jurídico, es el truco del almendruco. ¿Tiene sentido que, si el delincuente tiene posibles para quitarse de enmedio, su pena prescriba y pueda reintegrarse impune a la sociedad, eventualmente para gozar de su mangazo? No tienen más que ver al concejal de Marbella que se fugó a Argentina –¡como todo el mundo sabía!– y acaba de entregarse, once años después, porque sus delitos habrían prescrito. Entre ese truco y el del beneficio que supone para los delincuentes la indebida –pero inevitable, tal como está el patio– dilación del procedimiento, aquí no pagan más que los pringaos. ¿Cuántos de ellos hemos visto entrar en la cárcel incluso plenamente rehabilitados? Está claro que aquí hay una Justicia para pobres y otra para delincuentes ricos y orientados.

Si antier fue el sindicato, la centenaria UGT, ayer le tocó el turno en los Juzgados a la patronal, a la CEA de nuestros pecados. Los “concertados” de la Junta, los garantes de la paz social a cambio de tantísimos millones, los representantes del capital y los del trabajo, han acabado en la picota acusados de presunta (y a veces evidente) mala gestión y tremendo mangoneo. Veremos lo que dice la Fiscalía pero, de momento, un informe de los Administradores judiciales acusa a la cúpula de la CEA de desastrosa gestión –y no sabemos aún si de algo más– en el enredo de la promoción de viviendas VPO que tanto nos dio que hablar en tiempos. Pero verán como la Junta sigue posando para la foto con los justiciables. ¿Quién respeta o teme aquí a la Justicia?